Sin Tapujo:

GOBIERNO NAUFRAGA EN SU INTENTO POR FRENAR REFORMA DE PENSIONES







Enrique Guzmán de Acevedo





SANTIAGO DE CHILE (EUROLATINNEWS) - El Gobierno de Chile, azotado por incesantes turbulencias políticas y socio-económicas, naufragó rotundamente en sus intentos por evitar la aprobación parlamentaria de un proyecto de reforma constitucional que abre las puertas para reemplazar el sistema de pensiones creado hace 40 años por la dictadura militar (1973-90), considerado injusto por los trabajadores y por los partidos de oposición centro-izquierdista.

El proyecto fue aprobado en el Senado (por 29 votos a favor, 13 en contra y 1 abstención) con el apoyo de cinco senadores de la coalición derechista gubernamental, siguiendo el camino abierto hace una semana en la Cámara de Diputados, que también lo aprobó con 13 votos oficialistas del total de 95 votos necesarios.

Estos parlamentarios del bloque gobiernista fundamentaron sus respectivos votos haciendo caso omiso a las presiones de sus propios partidos, a lo que denominaron “campaña del terror”, y a las orientaciones del mismo presidente Sebastian Piñera, que en un mes sufrió así una tercera derrota política consecutiva en el Congreso Nacional, en el marco de profundas críticas a un sistema de ahorro obligatorio “en beneficio de empresas privadas que administran los fondos de los trabajadores a cambio de dividendos de hambre y paupérrimas pensiones”.

Esta reforma constitucional -una vez que sea ley- permitirá a cada trabajador retirar el 10% de sus propios ahorros obligatorios, para enfrentar la actual emergencia socio-económica y sanitaria que ha empobrecido a millones de trabajadores, lanzando a otros miles de chilenos a los niveles de extrema pobreza, sufriendo el dolor del hambre.

Con más de medio millón de desempleados, Chile es el séptimo país del mundo con mayores desigualdades, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), estando endeudado el 75% de los chilenos.

En medio de un agitado mar de discrepancias, sectores de la oposición criticaron la “falta de liderazgo” en el seno de la coalición oficialista y la “falta de gobernabilidad” adecuada para calmar las urgentes necesidades de un pueblo empobrecido por la más grave crisis que afecta al país, responsabilizando al presidente Piñera por una mala organización de la ayuda a los sectores más desfavorecidos y por “llegar tarde” con el apoyo de urgencia.

Los mismos sectores consideran que sería “ignorar” la delicada situación actual, “no leer” la realidad social, si el presidente Piñera acude al veto o al Tribunal Constitucional para frenar un proyecto de ley contrario a los objetivos de su gobierno.

Según los ministros que defendieron la posición oficialista en el Congreso, este es “un mal proyecto”, “inconstitucional” y que va en contra de los intereses de los trabajadores, que verán mermadas sus pensiones al final de su vida laboral.

El proyecto, ya aprobado por ambas cámaras del Congreso, regresó a la Cámara de Diputados para examinar en tercer trámite constitucional las indicaciones aprobadas en particular por el Senado antes de ser enviado definitivamente a la Presidencia para ser promulgado en Ley de la República, si el presidente decide no vetarlo ni ponerlo a disposición del Tribunal Constitucional.




Esta tercera derrota política del gobierno agudizó la debacle que estremece al país por el desconcierto ciudadano ante problemas socio-económicos sin soluciones adecuadas, sin que el gobierno haya podido frenar la rebelión que estalló en el seno de su propia coalición.

Por el contrario, tres diputados renunciaron al partido oficialista UDI rechazando las sanciones que sus máximos dirigentes intentaron aplicarles por votar en contra de la postura gubernamental.

Este “histórico” voto parlamentario -que abre las puertas para reemplazar una fracasada política de pensiones chilena- estuvo precedido la semana pasada de la presentación presidencial de una “plan de ayuda” para la endeudada clase media, con créditos, bonos y prolongación de los plazos de pagos de deudas, que confundió más aún a la ciudadanía por los múltiples requisitos para postular.

En lugar de calmar los ánimos, el gobierno encendió más la mecha del descontento social y aceleró la aprobación del proyecto de ley para ir en ayuda urgente de los chilenos más necesitados, utilizando sus propios ahorros para enfrentar la crisis.

La polémica política sigue viva y se espera la reacción del gobierno.

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