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LOS ERRORES JURÍDICOS DE PIÑERA SOBRE EL ESTADO DE EMERGENCIA



Por Marco Antonio Rodríguez (*)





VALPARAÍSO, Chile (EUROLATINNEWS) - El presidente Sebastian Piñera cometió varios errores jurídicos en su decisión de imponer en Chile durante nueve días el Estado de Emergencia y el toque de queda para intentar silenciar la voz del pueblo que grita en las calles exigiendo justicia económica y un mayor equilibrio social.

Este lunes 28 de octubre de 2019, el presidente decidió levantar el estado de excepción y el toque de queda (que prohibía el libre tránsito y las reuniones en lugares públicos otorgando a las Fuerzas Armadas la autoridad para controlar las calles), dejando una sensación extraña revoloteando en el ambiente, ya que el gobierno se esmera en volver a la “normalidad” mientras el pueblo sigue implacablemente exigiendo una serie de urgentes peticiones, que desembocan en un mismo cauce, el cauce de un país menos desigual.

En medio de este ambiente, sigámosle el juego al afán del ejecutivo de la vuelta a la “normalidad“, y empecemos por un análisis jurídico de lo sucedido en los días de “anormalidad”, días de estado de excepción, que según el gobierno se ha ejecutado bajo el amparo de la ley.

La Constitución Política de la República (CPR) regula los "estados de excepción constitucional", y en su artículo 39 señala, de forma graduada en virtud del impacto social de facto que afecte a la nación, las situaciones que dan pie a la decisión de imponer el estado de excepción: "guerra externa o interna, conmoción interior, y emergencia y calamidad pública".

El día en que el Presidente de la República declara a todo el país "¡Estamos en guerra!”, Chile ya se encontraba bajo estado de emergencia (un tipo de estado de excepción). Lógicamente, Chile no estaba en guerra y si hubiese sido como Piñera lo consideraba, ignoraba lógicamente el artículo 40 de la carta constitucional señalando que en el supuesto de guerra interna el estado de excepción que debe aplicarse es el "estado de sitio", previo acuerdo del Congreso, hecho que no ocurrió.

Pero el gobierno recurrió al "estado de emergencia", dispuesto en el artículo 42 de la CPR, el cual solamente se ha dictado, y en todos los casos sin excepción, para desastres naturales y/o eventos climáticos (terremotos, maremotos, incendios, aluviones, etc.). El ejecutivo se equivocó al dictar el estado de emergencia utilizando el artículo equivocado de la CPR; o se equivocó en declarar una guerra. Tibiamente (para ser eufemista) el gobierno ha querido señalar lo segundo, pero nadie se ha referido sobre el gravísimo error jurídico que sucedió.

Claro esta, que el Presidente se equivocó.

Es necesario subrayar que la carta constitucional, una vez declarado el estado de excepción, habilita solamente al Presidente, y a nadie más que al Presidente la facultad de limitar los ejercicios de libertad de locomoción y reunión. Por tanto, tiene que haber un acto jurídico por parte del Presidente para delegar dichas facultades a los Jefes de Zonas Navales o Militares respectivos, algo que no ocurrió en los nueve días de estado de emergencia.

Por mandato constitucional una Ley Orgánica Constitucional (LOC) debe regular los estados de excepción, LOC que en nuestro caso no satisface los mandatos constitucionales que habilitan la restricción a los derechos que la misma Constitución ampara (derechos fundamentales). El artículo 44 CPR señala que dicha LOC "[...]contemplará lo estrictamente necesario para el pronto restablecimiento de la normalidad constitucional[...]", algo que no sucede con la ley ñorgánica chilena.

Recordemos que ésta LOC es de 1985 (levemente reformada en el año 1990), y que en el 2005 hubo una gran reforma constitucional, incluyendo los artículos 39 y siguientes que regulan los estados de excepción.

Esta disfunción anacrónica se lleva al extremo del absurdo en cuanto a que la misma LOC alude a ciertas normas constitucionales que ya no existen. Independiente de su anacronismo, la LOC en su artículo 4º dispone que "declarado el estado de emergencia, las facultades conferidas al Presidente de la República PODRÁN ser delegadas [...]".

El verbo "podrán" dispone que DEBE haber una delegación jurídica por parte del Presidente a los Jefes de Zona para que ellos actúen con las facultades otorgadas EXCLUSIVAMENTE al Presidente.

Dicha delegación no ocurrió.

Los Decretos Supremos dictados por el ejecutivo remiten al artículo 5º de la Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción número 18415 (LOC sobre la cual me he estado refiriendo), artículo que enumera las deberes y atribuciones que tendrá el Jefe de Zona designado durante los estados de emergencia.

Dichos deberes y atribuciones los confiere la misma LOC, pero en caso alguno son las atribuciones y facultades especiales que la CPR le confiere al Presidente en estos estados excepcionales. Por lo que las facultades ejercidas por los Jefes Militares y Navales de Zonas no han sido delegadas por el Presidente por ningún mecanismo jurídico, por lo que todas las medidas tomadas restringiendo derechos fundamentales serían propias de un "estado de facto", y no de el "de emergencia" señalado y amparado en la Constitución.

¿Por qué el Presidente Piñera no ha delegado en ninguno de los Decretos Supremos dictados por el ejecutivo, ni en otro acto jurídico ad hoc, sus facultades especiales para limitar el ejercicio de los derechos fundamentales que le otorga la Constitución en estados de excepción?.

Y si no las ha delegado, ¿por qué los Jefes de Zonas respectivos han restringido y suspendido el ejercicio de derechos fundamentales (reunión y locomoción) a los ciudadanos si no están autorizados para aquello, ni por delegación presidencial, ni por las atribuciones que les otorga el artículo 5º de la LOC referida?

El número 4) del artículo 5º de la LOC, dispone como atribución a los Jefes de Zona el de "CONTROLAR la entrada y salida de la zona declarada en estado de emergencia y el tránsito en ella".

El verbo controlar señalado, según la exposición del abogado constitucionalista Jaime Bassa en la Comisión de D.D.H.H. de la Cámara de Diputados del día 23 de octubre 2019, tiene un mandato de "intensidad normativa muy inferior a restringir, y mucho más inferior todavía a suspender[...]".

Por lo que las FFAA han estado actuando con carta blanca estos últimos días, sin tener las facultades legales para ello, ni menos las constitucionales, las cuales no fueron delegadas.

La Por último, la LOC referida no tipifica la sanción de no respetar el "toque de queda", y el Código Penal no la tipifica como delito, sino como falta, por lo que las personas que no respeten dicho "toque de queda" (circular libremente) NO pueden ser arrestadas. Sin embargo, más de 3.000 personas fueron detenidas durante el Estado de Emergencia.

El artículo 495 Nº 1 del Código Penal es claro, y dispone el castigo de multa para la "desobediencia civil", ya que transitar en "toque de queda" no constituye un crimen o simple delito, sino que una falta.

El principio de legalidad señala que si no está tipificada una conducta como delito, ésta NO será delito; y la conducta señalada no está tipificada de esa forma, por lo que las personas que realicen esa conducta NO debieran ser arrestadas. Esto, por supuesto, no incluye el hecho de que personas que cometan vandalismo, u otros actos que constituyan crimen o simple delito sean detenidas por aquello, pero el transitar por la calle en "toque de queda" no es de aquellas conductas.

Resumiendo, primero el Presidente de la República declara una guerra interna, debiendo dictar el "estado de sitio", pero dicta el estado de excepción llamado "de emergencia", el cual solo se ha dictado para desastres naturales. Luego, no delega, como señala la ley, sus facultades excepcionales que la Constitución le confiere en este tipo de estados a los Jefes Militares y/o Navales de Zona.

Dichos Jefes de Zonas han restringido el ejercicio de los derechos fundamentales de locomoción y reunión, e incluso aquellos que no están autorizados para este estado de excepción ("de emergencia), sin tener la facultad CONSTITUCIONAL ni LEGAL para aquello, ya que solo podrían ampararse en el verbo "controlar" señalado anteriormente, verbo rector que no satisface el estándar jurídico para ello.

La carta blanca de la ilegalidad y la inconstitucionalidad ha primado sobre la Carta Fundamental.

¿Es la Constitución de la República solo un pedazo de papel?

¿Se harán valer las responsabilidades a través de acusaciones constitucionales?

.El domingo 20 de octubre el presidente señaló abiertamente a todo el país "ESTAMOS EN GUERRA contra un enemigo poderoso[...]unámonos en esta batalla que no podemos perder[...]no vamos a permitir que los delincuentes se sientan dueños de nuestro país[...]sobre aquellos que pretenden por la vía de la delincuencia, vandalismo y violencia, el imponernos por la fuerza su forma de pensar[...] nunca dan la cara porque son cobardes".

Señor Presidente, ¿a quién le declaró la guerra?

¿No se estará refiriendo a usted mismo?

La sabiduría popular señala que: "Por la boca muere el pez".

(*) Marco Antonio Rodríguez, Abogado chileno.



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